El Ministerio de Comercio e Industrias (MICI) emitió una resolución en el marco de ejecución del Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá, ubicada en Donoso, provincia de Colón, con el propósito de prevenir riesgos ambientales y proteger la salud de las comunidades cercanas.
La resolución autoriza la remoción del material que aún se encuentra en la mina, cuya exposición a condiciones climáticas representa un riesgo real de generar drenaje ácido y afectar el suelo y las fuentes de agua, de no ser manejado de forma adecuada. La decisión se basó en evaluaciones técnicas, ambientales y legales que identificaron riesgos, cuyos sustentos son el artículo 115 del Código de Recursos Minerales, el Decreto Ejecutivo No. 5 de 1 de abril de 2026, la Resolución 45 de 2025 del Ministerio de Comercio e Industrias, el Plan de Preservación y Gestión Segura (PGS) de la mina Cobre Panamá y su Anexo Técnico, así como en los resultados de la Auditoría Integral independiente.
Esta medida habilita a la empresa Minera Panamá, S.A., a ejecutar un proceso estrictamente controlado de procesamiento de material que yace en la mina, y remoción y traslado del material resultante fuera del país, como acción puntual de eliminación de condiciones peligrosas identificadas mediante las evaluaciones técnicas.
En consecuencia, se ha dispuesto la implementación de acciones específicas para garantizar el manejo seguro de estos materiales, bajo criterios técnicos, ambientales y de seguridad claramente definidos.
La empresa será responsable de cubrir en su totalidad todos los costos y gastos asociados a la ejecución de las actividades establecidas en la resolución, sin que esto represente erogación alguna para el Estado. Asimismo, y en línea con lo aplicado en 2025, una vez se obtenga el concentrado de cobre en condiciones de ser comercializado, este estará sujeto al pago de las regalías correspondientes sobre el producto exportado.
Es importante reiterar que esta decisión no implica la reactivación de la mina, sino que corresponde a una medida preventiva y controlada para evitar daños al ambiente y garantizar la estabilidad del área.
El proceso contará con supervisión permanente del Ministerio de Comercio e Industrias, Ministerio de Ambiente y demás entidades competentes, asegurando el cumplimiento riguroso de la normativa vigente y de las obligaciones de seguimiento e informes que se establecen en la resolución.
